Quienes no trajeron libertad ahora tampoco prometen alegría

El pasado 1° de marzo, en su discurso de apertura a las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri puso de manifiesto su relato sobre “la pesada herencia”. Este mítico estado sobre la Argentina “que recibió” se escucha en los medios hegemónicos desde antes de las elecciones presidenciales de 2015. Ahora, el vocero de las corporaciones debió anunciarlo con “voz propia”.

Es curiosa la historia y crudo el destino de los pueblos que no están dispuestos a interrogarla. Las clases dominantes denominaron “Revolución Libertadora” al derrocamiento de Juan Domingo Perón por parte de las Fuerzas Armadas el 16 de septiembre de 1955. El entonces presidente había llegado al poder mediante el voto de la mayoría del pueblo, y su principal opositor era el sector terrateniente agroexportador y los capitales extranjeros.

Sesenta años después, la Argentina asiste a ese mismo simbolismo y representación del enemigo para denominar con eufemismos al gobierno del tirano: en tiempos de posmodernismo, el poder concentrado extranjero y la oligarquía terrateniente prometen llevar a cabo “La revolución de la Alegría”. La gran y preocupante diferencia entre 1955 y la actualidad es que en el pasado estos sectores llegaron al poder mediante un bombardeo, mientras que en el 2015, un despliegue fabuloso de la artillería de los medios de comunicación hegemónicos, les posibilitó el sufragio.

Cuando se comparan las acciones de “La Libertadora” con las promesas de cambio que asumió el gobierno de Macri, pueden verse grandes similitudes, tanto en el plan económico como en el discurso mediante el cual se legitima para desmantelar los logros del gobierno precedente; y lo que es aún más vil: en el atentado sistemático a la expresión y concreción de los derechos logrados por los sectores populares.

El gobierno “libertador” convocó al director ejecutivo de la CEPAL, Raúl Prebisch, para que realizara un informe económico. El funcionario, que en 1954 había elogiado la recuperación de la industria argentina, pocos meses después diagnosticó: “La Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico”. Para demostrar que el régimen peronista había sido funesto para la economía de Argentina, se aseveró que el producto por habitante había crecido sólo el 3,5% entre 1945 y 1955, cuando las propias fuentes de la CEPAL en trabajos anteriores habían señalado que dicho crecimiento había sido del 14,6%. También dijeron que la Argentina le debía 579 millones de al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, cuando la cifra real eran 57 millones destinados al desarrollo de SOMISA. [1]

La instauración del neoliberalismo no es original para denominar. El actual gobierno encabezado por Mauricio Macri ha generado el mito de la “pesada herencia”, con lo cual pretende retratar una imagen de país desbastado, sintetizado en las siguientes variables: déficit fiscal, exportaciones y PBI a la baja. Es curioso, y exige explicación desde cuándo consideran esos datos a la baja, porque la gestión de Néstor y Cristina Kirchner suma, entre ambos, doce años y si nos retrotraemos al momento en que llegaron al poder, los indicadores sociales no eran favorables para con el país: el 54% de la población se hallaba por debajo del límite de pobreza; y la mitad de esta población (27% del total), por debajo de la línea de indigencia.

Cuando se exige precisión respecto del momento en que realiza la comparación estadística, el gobierno actual coloca el hiato en 2011, y remarca “un notable deterioro en comparación con la administración de Néstor Kirchner”. Su trampa discursiva queda inmediatamente desacreditada, pues desde 2007 hasta 2011 la presidenta fue Cristina Fernández de Kirchner. Esto no es un simple error de periodización, sino un ataque más hacia un gobierno que, pese a sus limitaciones, cuestionó a los sectores de poder, tanto económicos como comunicacionales. Con este mensaje se pretende generar la imagen de que  “quien tenía condiciones para gestionar y conducir ha muerto”, lo cual presupone un pueblo carente de razón y vinculado con “La Jefa” como producto de un estado emocional.

Tan parecidos… que parecen representar a los mismos

El Plan de Restablecimiento Económico propulsado luego del informe económico negativo realizado por Prebisch significó para la Argentina el ingreso al Fondo Monetario Internacional, y se puso como prioridad alentar la producción rural, esto implicó la transferencia al agro de una mayor proporción del ingreso nacional. El gobierno de Aramburu suprimió entonces los subsidios acordados a la producción agropecuaria, recaudados hasta ese momento mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), entidad que fue disuelta en este periodo.

El 14 de diciembre de 2015, Macri recién asumía la Presidencia, y anunciaba una rebaja de cinco puntos para las retenciones a la soja y una eliminación total para las cargas que pesaban sobre el trigo, el maíz, la carne y la pesca. Lo justificó diciendo que “el país no sale adelante sin el campo”. Otra de sus frases memorables fue “Ustedes tiene que poner su parte, que es lograr que exportemos menos cereales. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo”. Un punto cuestionable sería qué se entiende por “país supermercado”, pero detrás de este interrogante aparece otro, fundamental. ¿De qué manera se va a priorizar el mercado interno si se exime de retenciones a las exportaciones?.

En ambos momentos históricos, la priorización del campo como “sector productivo” generó la eliminación progresiva en el control de precios sobre artículos de primera necesidad. La propuesta de los gobiernos fue liberalizar el mercado de bienes masivos, y los resultados, pese a la distancia de sesenta años entre un gobierno y el otro, son los mismos: un impacto mucho mayor al previsto sobre los precios internos.

Raúl Prebisch supuso un efecto en los precios del 10%, expectativas altamente superadas por lo acontecido. El actual gobierno del cambio se concentró en un acuerdo de precios de los productos indispensables para frenar el temporal inflacionario. Cuando finalizó la primer reunión entre el gobierno actual con los sectores empresariales con respecto al programa Precios Cuidados, el presidente de la Copal y dirigente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dijo “Hay variaciones de costos que inevitablemente terminan reflejándose en los precios. Precios Cuidados sigue vigente y se está respetando, pero el Estado reconoció un aumento de precios del 12 por ciento y la inflación fue del 25 por ciento. Esa ecuación no cierra”.

Otra semejanza discursiva y de acción entre ambos momentos históricos está dada en materia monetaria: ambos gobiernos llevaron a cabo una devaluación del peso. Durante 1955-1956 fue de $8,8 a $22 por dólar; en diciembre de 2015, lo que se enmascaró como salida del cepo cambiario significó un retroceso del peso en un 34,22%. El país superaba ampliamente al resto de la región en la caída de su moneda.

Tanto en 1955-1956 como en la actualidad, la transferencia de recursos hacia el sector agropecuario fue y es enmascarada desde el discurso oficial con la presuposición de que el origen de un crecimiento de la actividad agropecuaria mejora el resultado comercial de la balanza de pagos. La evidencia histórica demuestra que, en el pasado, ello no pudo lograrse debido a la caída de los precios internacionales de las exportaciones, y las medidas sólo significaron en la realidad una fuerte caída de los salarios reales. Esto provocó una crisis económica interna y la cesación de pagos de los compromisos internacionales. El gobierno de facto llamó entonces a elecciones, no sin antes proscribir al peronismo.

Actualmente, el sector agropecuario vuelve a experimentar un aporte sustancial en su rentabilidad; devaluación, reducción y quita de retenciones no pueden atentar contra su suerte. Pero ¿qué queda de la clase obrera? Los aumentos salariales que sus diferentes sectores vienen logrando en los acuerdos paritarios no recuperan el poder adquisitivo perdido. ¿Cuáles serán los resultados? En el pasado, la democracia burguesa proscribió al partido que había permitido a los sectores obreros llegar al Estado y materializar conquistas. Actualmente, para estos sectores -dado que su experiencia material de clase se lo ha demostrado-, no basta con una simple crisis económica para generar la caída de un gobierno que no representa sus intereses; el desafío pasa entonces por elaborar una alternativa política que cuestione y atente el beneficio del sector terrateniente, sin perder de vista que el enemigo amenaza una vez más con enquistarse nuevamente en su movimiento.

[1] http://elmordazblog.blogspot.com.ar/2014/01/la-economia-durante-la-libertadora_23.html