Entrevista con el Diputado Provincial Miguel Funes. “ Acompañamos a los humildes en su reclamo de justicia por violencia institucional ayer, hoy y siempre.”

Por Pipistrello.

“El 1 de marzo de 2007, Gabriel Blanco apareció colgado en el calabozo de la comisaría 2º de San Carlos, localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza.

Fue detenido en el barrio “La Borgward”, hostigado para que robara en zonas liberadas. Pero él no quería. Había estado preso por robo, pero, en ese momento, tenía trabajo y cumplía con un tratamiento de recuperación por adicciones. Los familiares se acercaron a verlo porque  tenían información de que se hallaba muy nervioso. Les dijeron que en la comisaría se encargarían de tranquilizarlo. Horas más tarde , un patrullero avisó a sus familiares sobre el supuesto “ suicidio”.

Durante el velatorio, advirtieron marcas en el cuerpo. También le faltaban dientes. Solicitaron una segunda autopsia. Se realizó la reconstrucción del hecho, en la que se determinó que la versión del suicidio era inverosímil.

El 23 de febrero de 2013, el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictaminó la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena por torturas seguidas de muerte. También están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Los abogados de los efectivos detenidos denunciaron a la APDH de La Matanza y a la Comisión Provincial por la Memoria por extorsión, afirmando que dichos organismos ofrecieron “beneficios procesales” para que los presos declarasen en contra de los miembros de la fuerza policial. Fueron difamados con pintadas y pasacalles en San Justo, intimidados y golpeados en la calle, los familiares amenazados. Todo fue denunciado ante la Fiscalía General de La Matanza.

Sin elementos que sostuvieran los cargos, la fiscalía dio lugar a la investigación contra miembros de la Asamblea. Por falta de pruebas y por la movilización popular la causa fue archivada, pero con la advertencia  de que si aparecieran nuevos elementos durante el juicio, el fiscal la abriría”, reseña el  Diputado.

Según Funes, “Si los policías quedan en libertad por decisión de la Justicia de La Matanza, el fallo sería una demostración del renovado poder de la corporación policial, judicial y política, consecuencia del autogobierno policial. La política de la Provincia de criminalización de la pobreza y de la protesta, da nuevos aires a aquellos malos policías que usan al Estado para reclutar jóvenes para el delito y alimentan la impunidad. Es una forma de disciplinar a los pobres que se rebelan ante el abuso de poder y la violencia institucional. Los defensores de los derechos humanos serán perseguidos y amenazados con mayor virulencia, para mandar el mensaje de que la policía es dueña de los territorios y contra ellos nada se puede hacer.”

A esto hay que sumar el desmantelamiento de organismos estatales que garantizan el cumplimiento de los derechos humanos. Como ejemplo citó: “Los trabajadores/as de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, “Dr. Fernando Ulloa”, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se encuentran en estado de asamblea permanente desde el día viernes 11 de marzo, como respuesta a los nuevos despidos que se vienen sucediendo en el sector.”

Sin un Estado activo en la promoción y defensa de los derechos humanos, sin trabajadores que los garanticen, no existen derechos. Con impunidad, tampoco.

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Desarrollo del juicio.

Se han realizado tres jornadas. Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, expresó que “no quedó en la sala nadie que pueda registrar lo que va a suceder, ¿que tienen qué ocultar allí adentro?” luego de que los integrantes de TOC 5 ( integrado por los doctores Gabriela Risutto, Matías Mariano Deane y Pablo Lucero) decidiera realizar las audiencias públicas en una pequeña sala de la Calle Marcó y Villegas en San Justo y accediera al pedido de la defensa de los policías acusados a que un integrante de la APDH y dos periodistas se retirarán de la sala.

Durante el primer día de juicio declararon los familiares directos de Blanco. Destacaron que el joven era presionado por la policía para que “trabajara” para ellos, los maltratos que sufría como consecuencia y el temor a represalias que impedía denunciar lo que estaba sucediendo.

 

El abogado Alejandro Bois dijo respecto de los testigos que “el balance de hoy es positivo porque todos refirieron sus dichos a lo que dijeron en su momento”. Bois advierte que la tarea de la querella se debe concentrar “en la cuestión de las torturas para que se comprueben en el debate oral, porque la muerte de Gabriel está relacionada con eso”.

Respecto de la defensa, sus letrados tienen como lineamiento señalar que no hubo arbitrariedad en la detención de Gabriel ni tampoco torturas. En ese sentido, denunciaron al médico que intervino y afirman que las organizaciones de derechos humanos direccionaron la investigación del Ministerio Público Fiscal. “Todas las preguntas van en ese sentido”, relató Bois.

En las dos jornadas posteriores testimoniaron los policías que estaban en el destacamento y los detenidos que estaban en la comisaría.

La constante de cada declaración de los policías fue la falta de memoria de los testigos que, en cierto sentido, enojó a los miembros del Tribunal que repreguntaron para disipar el vacío de recuerdos de aquella jornada.

La novedad fue la aparición de un video filmado con un teléfono celular en que se ve el cadáver del joven, con una remera que no coincide con la indumentaria que señalaron quienes testimoniaron en la causa durante todos estos años. Señalaron “una tendencia a autogolpearse, muy curiosa, y que según los efectivos ellos trataban de evitar”, dijo el abogado querellante Alejandro Bois, aunque permaneció esposado, según los mismos testimonios.

En la tercera jornada declararon los detenidos Ariel Norberto Verón y Marcelo Gabriel Novaro.

Ambos aseguraron escuchar los golpes que le propinaban los policías a Gabriel Blanco, en el calabozo de contraventores.  “Pedía que le dejaran de pegar y lo soltaran. Hasta que en un momento no se escuchó nada más”, relataron. El doctor Christian Blanco, de la querella, destacó que estos dos hombres tuvieron “la valentía de declarar y no tener miedo” ya que permanecen en la cárcel cumpliendo condena.

Christian Blanco advirtió sobre “el intento de la defensa de criminalizar al organismo de derechos humanos” preguntando a los declarantes sobre si los integrantes de la Asamblea “inducía a los detenidos para declarar contra los policías”. “No pudieron demostrar nada”, agregó.

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