El gobierno de Mauricio Macri interviene el Afsca y el Aftic

El gobierno de Macri a través de su  Ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, anunció en conferencia de prensa la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (AFTIC).
Justificó la decisión argumentando cosas del siguiente estilo:
“Estos entes toman decisiones sin atender al Ministerio”. “Esta rebelión no se justifica, porque si no estamos frente a un caos y las decisiones se contradicen y no podemos trabajar de esa manera”, la medida responde a un decreto de Mauricio Macri.  Agregó que no cree “que sea posible un atrincheramiento” de los funcionarios. “Existe una rebeldía de las autoridades”, dijo el ministro quien afirmó que “esto es un decreto, el Presidente “tiene la facultad de intervenir organismos”.
Las palabras “rebeldía”, “atrincheramiento”, “intervención”, entre otras no exigen a repasar un poco la historia desde donde hablamos cuando insistimos desde nuestro Punto de Vista, que la Ley de Servicios Audiovisual..no se toca.

Para volver, tenemos que volver a la historia. 

En nuestro país, la primera Ley que busca regular los servicios de radio y televisión, se sancionó en el año 1980 durante el gobierno de facto de Rafael Videla. La dictadura militar desde sus inicios en el año 1976, tuvo como objetivo controlar la circulación de la información de nuestros país. Por un lado, hubo presión por parte del sector privado para que se regulara una ley privatista y comercial, esta línea estaba expresada por lo que hoy entendemos como el ala “civil” de la dictadura cívico-militar. Por el otro lado, las fuerzas armadas veían la necesidad de que no apareciera ningún tipo de disidencia y extricto control sobre el discurso mediático.

Dentro de la ley de la dictadura se pueden extraer párrafos como estos para que se comprenda cúal era el fin:

“Los servicios de radiodifusión  deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfascer las necesidades de la Seguridad Nacional”

Es decir, el objetivo era unificar el aparato comunicacional de la dictadura militar, para garantizar la “Seguridad Nacional” que estaba en peligro por la “subversión”.

En cuanto a las licencias -otro tema que hoy aparece como preocupante ante la decisión de la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audivisual- los únicos que podían ser licenciatarios de radiodiusión eran las personas físicas o jurídicas con fines de lucro. Es decir, aquellas emisoras que no buscaran generar lucro como es el caso de las sociedades no comerciales (iglesias, sindicatos, organizaciones civiles, sociedades de fomento, partidos políticos, entre otras) estaban fuera de la ley.

La ley 22285, tal como lo expresara Guillermo Mastrini en su libro “Mucho Ruido, Pocas leyes”, un tipo de ley centralista porque  concentraba el manejo de la comunicación en el Poder Ejecutivo. Así se regularon los mecanismos de funcionamiento de organismo de control que habían sido creados en gobiernos de facto anteriores, como es el caso del COMFER, creado por Lanusse, en el año 1972,

El COMFER- Comité Federal de Radiodifusión- tuvo como objetivo controlar los servicios de radiodifusión en sus aspectos culturales, artísticos, legales, comerciales y administrativos, y estaba integrado por siete integrantes, uno del Ejército, uno de las fuerzas Armadas, fuerza Aérea, un representante de la Secretaría de Información Pública, Secretaria de Estado de Comunicaciones, un representante de la asociación de licenciatarios de radios y un representante de licenciatarios de la televisión.

Esta conformación en el marco de un gobierno que asume en el contexto de un golpe de estado cívico-militar, tenía como claro objetivo callar y perseguir voces disidentes, y es de conocimiento público que se valieron de la desapariciones y torturas de las voces diferentes para poder llevar adelante sus objetivos.

Durante el regreso de la democracia en el ao 1983, el presidente Raúl Alfonsin dispuso la intervención del COMFER, dado que su composición era de las salientes autoridades dictatoriales.

Esa intervención no fue resuelta por ningún gobierno  democratico hasta la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La derogación de la ley anterior de la dictadura y que durante el gobierno de Menem sufrió moficaciones principalmente en la cuestion de las licencias a favor de la monopolización de los medios de comunicación masiva, era uno de los reclamos más fuertes de los actores sociales y políticos del campo nacional y popular, que confluyeron en lo que se llamó la “Coalición por una radiodifusión democrática”.

La coalición proponía 21 puntos que considera centrales para pensar una ley de la democracia que se encuentran linkeadas en esta nota.

http://www.telam.com.ar/advf/imagenes/especiales/documentos/2012/11/509435587ec92.pdf

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La Ley de Servicios Audiovisuales contempló los 21 puntos debatidos por las fuerzas vivas de todo el país y la situación actual con un gobierno que claramente busca volver a lo peor de nuestra historia acaba de anunciar a través de su ministro de comunicación, que dicho de paso, el Ministerio de Comunicaciones fue creado por decreto de necesidad y urgencia, y limita a las funciones del AFSCA.

Mientras esta nota se esta escribiendo miles de compañeras y compañeros estan en la calle defendiendo lo conquistado que es el logro de años de lucha y la combinación de la voluntad política de un proyecto que con tods las limitaciones que uno puede reflexionar, ha sido, el gobierno nacional, popular y democrático que decidió patear el tablero en materia de comunicación audiovisual.